Presenta la diputada Libia García, iniciativa para definir en la Ley General las fosas clandestinas

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Guanajuato, Gto., a 15 de octubre de 2020.- La diputada Libia García presentó una iniciativa para definir en la Ley General las fosas clandestinas, y con ello poder facilitar la labor de autoridades, activistas, colectivos y familiares en la búsqueda de sus seres queridos.

Mediante la propuesta, se reforman la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se solicita que, una vez concluido el proceso legislativo correspondiente, sea enviada al Congreso de la Unión.

“Así, homologamos criterios a nivel nacional y establecemos lo que debe entenderse como ‘Fosas Clandestinas’ a la cavidad subterránea en la cual se inhumaron uno o más cadáveres o restos humanos, sin seña alguna que denote su existencia, sin el conocimiento de las autoridades, con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas fallecidas”, precisó.

Añadió que, mediante esta propuesta, se establece como definición de “Fosas Comunes” el sitio oficial de inhumación de cadáveres o restos humanos no identificados o no reclamados, a cargo de las autoridades competentes, y facilitará la colaboración entre instituciones e incluso entidades federativas, en este esfuerzo compartido para encontrar a las decenas de miles de mujeres y hombres desaparecidos.

Enfatizó que la iniciativa “surge como resultado del diálogo permanente con ciudadanos y funcionarios públicos acerca de los cambios que son necesarios para mejorar la respuesta del Estado mexicano ante esta auténtica tragedia nacional, que debe movilizar no solo la indignación, sino también la acción concreta de que cada ámbito de gobierno en la medida de sus facultades”.

Dejó claro que la propuesta se formula “como un planteamiento consensado por la legislatura en su diversidad, sin colores partidistas, porque en este tema no se valen las apreciaciones con tintes políticos”; además, llamó a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, al igual que a las autoridades del gobierno federal y a los partidos políticos, para analizarla.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.